El gobierno federal, a través de la operación de instalaciones de investigación propiedad del gobierno, subvenciones de investigación a universidades y contratos de adquisición con la industria privada, financia casi el 50% del esfuerzo nacional de I + D. Debido a esta enorme financiación, el gobierno federal tiene la mayoría de los derechos de patente de los Estados Unidos. Se estima que el gobierno tiene el título de más de 30,000 patentes y presenta anualmente varios miles de nuevas solicitudes. El gobierno también tiene derecho a licencias no exclusivas, irrevocables y libres de regalías en miles de patentes. Además, el gobierno tiene una miríada de otros derechos de patente. Los ejemplos incluyen derechos de marcha, derechos para exigir que el propietario otorgue licencias a otros, derechos para exigir licencias de patentes de fondo, derechos para aprobar asignaciones, derechos para limitar los términos de los acuerdos de licencia y derechos de propiedad reversión.
Uno de los problemas más complicados asociados con la financiación gubernamental de I + D es la asignación de derechos de patente entre el gobierno, los empleados gubernamentales, las universidades, los empleados universitarios y los contratistas y subcontratistas del gobierno. Esta asignación es una determinación compleja que está controlada por las leyes federales, las órdenes ejecutivas, los reglamentos federales de adquisición y los reglamentos y políticas de más de 25 agencias gubernamentales.
La asignación de derechos de patente entre el gobierno y sus empleados está cubierta por la Orden Ejecutiva 10096. A diferencia de la industria privada, los empleados del gobierno no tienen contratos de trabajo. La orden ha estado vigente desde 1950 y fue creada para proporcionar un método uniforme de asignación de derechos de patente entre las agencias y sus empleados. La mayoría de las patentes propiedad del gobierno se obtienen bajo las disposiciones de esta orden.
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La sección principal de la orden ejecutiva establece que el gobierno obtendrá todos los derechos sobre cualquier invención realizada por un empleado si se aplica alguna de las siguientes condiciones: la invención se realiza durante las horas de trabajo; la invención se realiza utilizando instalaciones gubernamentales, equipos, etc., o se realiza con la ayuda de otro empleado del gobierno que está de servicio oficial; o la invención se relaciona con los deberes oficiales del inventor.
Según otra disposición de la orden, el gobierno no está obligado a tomar el título si no fuera equitativo. Por ejemplo, si la invención fue hecha por un empleado con un uso mínimo de tiempo o materiales del gobierno, el gobierno no tiene que tomar el título. Del mismo modo, el gobierno no está obligado a tomar el título cuando no tiene suficiente interés en la invención. Incluso si el gobierno tiene el derecho de tomar el título, pero elige no hacerlo, conserva una licencia no exclusiva, irrevocable y libre de regalías con el poder de otorgar licencias a otros para todos los propósitos del gobierno.
(Herbert J. Zeh, Jr.)
