Como ya han dicho otros, esto es legal debido a la ley Bayh-Dole. La ley también se aplica a universidades y empresas que realizan contratos de I + D para el Gobierno.
Sin embargo, tenga en cuenta que no es como si el Gobierno no obtuviera nada: como parte del “acuerdo”, el Gobierno obtiene una licencia libre de regalías para usar la invención para fines del Gobierno, lo que puede incluir tener una compañía diferente ejercer la invención en nombre del Gobierno.
En realidad, es un trato justo. OMI: a cambio de que el Gobierno mantenga su interés, la organización obtiene la licencia, ejerce y se beneficia de la tecnología con fines comerciales. Esto le da un incentivo a la organización para producir realmente algo valioso. Del mismo modo, muchos de los mejores y más brillantes no harían un trabajo por contrato para el Gobierno si perdieran automáticamente la IP que generan.
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